El derecho a la salud de la población de nuestro país es una obligación del Estado según lo marca la Constitución y algunos tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.

Pese a esto, el grave deterioro de las prestaciones del hospital público en todos los niveles -nacional, provincial y municipal- hace que gran parte de la población soluciones este problema con obras sociales o entidades de medicina prepaga, a pesar de pagar sus impuestos y contribuciones.

Los afiliados a entidades de medicina prepaga se ven afectados periódicamente por el aumento de sus cuotas, y esto es debido a la inflación no reconocida oficialmente en el país y al aumento en los insumos y en las clínicas, sanatorios, laboratorios, etc., que suben sus aranceles.

Cuando en 1996 se creó el PMO (Programa Médico Obligatorio) se estableció que las Obras Sociales y las prepagas debían brindar a todos sus afiliados un conjunto de prestaciones médicas mínimas en forma obligatoria.

Las entidades de medicina prepaga, especialmente las de las entidades que nuclea la FEMECON, que son sin fines de lucro, estructuraron sus costos de una manera tal que al agregarse tratamientos como el SIDA, drogodependencia, algunas discapacidades, tratamientos de fertilización, etc., y ahora se agrega el tratamiento quirúrgico de la obesidad, esos costos son imposibles de ser cubiertos en términos económicos sin afectar los costos del servicio por el que pagan el conjunto de los afiliados al sistema.
No se trata de negar el acceso al tratamiento de las personas afectadas.

Pero sí el legislador debe evaluar que el aumento de los costos de las cuotas de los afiliados conducirán a estos a la expulsión del sistema por no poder pagarlo, y se volcarán al ya sobre demandado sector público, que ya está colapsado, especialmente en el Conurbano.

Algunos expertos en la materia creen que el sistema de medicina prepaga en estas condiciones se tornará inevitable.

Ante la sanción de la llamada Ley de Obesidad, la Ministra de Salud indicó que la cobertura de nuevas patologías seguramente tendrá un impacto en los costos de las Obras Sociales y prepagas, e indicó que antes de la instrumentación y reglamentación de la ley, se estudiará el tema en profundidad y se discutirá con los prestadores.

Tratemos entre todos de evitar el deterioro o la desaparición del único sistema de salud que hoy funciona razonablemente en el país frente a la clara falta de capacidad del Estado de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud.