Un sistema de salud del que está excluida la mayoría de la sociedad, con costos astronómicos, desfinanciado, decadente, sin insumos y desbordado, es el escenario que se verá en unos años de continuar en crecimiento uno de los más prósperos negocios del país: la industria del juicio por mala praxis.

En la jurisprudencia argentina hasta la década del 70 sólo se registran cinco casos de juicios por responsabilidad profesional. Desde mediados de la década del 80 se han multiplicado de manera exponencial. Hoy se están presentando tres demandas promedio por día y hay miles de juicios en curso. Sólo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afronta demandas por montos varias veces millonarios. Esto está acosando también al sector privado y a la seguridad social.

Esta industria está creciendo a pasos agigantados, agravada por el error histórico de nuestros legisladores, que aumentaron las penas del Código Penal para los delitos culposos, igualando la figura de los profesionales con la de quien conduce un automóvil con imprudencia o negligencia. Peor aún, durante doce años se mantuvieron ajenos a los reclamos para que repararan ese desacierto.

Es correcto que una sociedad madura reclame por su conducta a aquellos profesionales que no son idóneos, que actúan con impericia, negligencia o imprudencia; pero es evidente que el derecho se ha distorsionado y se ha convertido en un apetecible negocio, de tal dimensión que está minando el sistema de salud.

Algunas de las consecuencias ya se están concretando: disminución de especialistas en algunas áreas, abandono de la profesión por parte de médicos experimentados y el deterioro de la relación médico-paciente.

Los médicos respondemos ante las demandas civiles con nuestro patrimonio, pero también con nuestro nombre y trayectoria. Construir esa trayectoria requiere un esfuerzo de toda la vida. Por otra parte, el paciente necesita confiar en quien se ocupa de su salud como parte del tratamiento. La industria del juicio ha destruido esa relación generando miedo en el profesional y desconfianza en el paciente.

Esta situación generó el ejercicio de la medicina defensiva, con la prescripción exagerada de análisis y tratamientos, camino falso que lleva al médico a creer estar cubierto ante la posibilidad de una demanda. Frente al encarecimiento de la salud en el mundo, por la complejización de los tratamientos y la mayor tecnología, la prescripción excesiva aporta un factor económicamente dramático al futuro del sistema.
Los presupuestos tienen un límite, pero cada vez están destinando más fondos a cubrir el costo de las demandas, lo que se resta de la compra de insumos, medicamentos, tecnología, salarios e infraestructura hospitalaria.

Si los costos suben, si baja la calidad asistencial, la industria del juicio no es sólo un problema de los médicos, de los prestadores o de los financiadores del sistema, sino un problema sanitario nacional que termina deteriorando la salud de la gente.

Existen dos caminos para revertir esta situación: por un lado, concientizar a la sociedad sobre lo que está sucediendo y por otro, lograr la modificación de las leyes que incentivan esta industria, que permiten que haya diez años de plazo para presentar una demanda cuando en la mayoría de los países el límite son dos años. Los legisladores tienen la palabra.