Conjuntamente con la Universidad Isalud se llevó a cabo el primero de los encuentros denominados “La Actualidad de la Salud, en un Ciclo de Desayunos en Femecon”. El tema convocante fue “Obras Sociales y Prepagas, actualidad y tendencias 2010/2010”, a cargo del Dr. José Pedro Bustos, Jefe de Asesores de la Superintendencia de Servicios de Salud y la cita el pasado 5 de agosto.

En este marco de exposición y debate sobre la actualidad de las instituciones de atención médica, el Dr. Bustos se refirió a las políticas que viene implementando la Superintendencia de Servicios de Salud. “Después del estado de inseguridad general con respecto a los medicamentos luego de lo sucedido con la Bancaria, la SSS actualizó los datos de los pacientes crónicos y de los informes de las Obras Sociales, con lo cual se comenzó un seguimiento de estos pacientes, y se reguló un marco de referencia para toda la actividad”, sostuvo el Dr. Bustos. De esta manera, se comenzó a revisar la comercialización de medicamentos en las obras sociales y en el sector público, sobre todo de medicamentos oncológicos.

El Dr. Bustos enfatizó en el encuentro que una de las principales políticas de la Superintendencia es tratar de tener una mayor población dentro de la seguridad social, y entre esos intentos, se intentaron adoptar medidas para unificar los subsistemas de salud, hecho que no funcionó. Entre los problemas que enfrenta la SSS es la doble cobertura en salud, que responde a casi un 20 por ciento de la población, algunos con hasta cinco coberturas médicas diferentes. “Esto demuestra que el financiamiento no está bien aplicado y que existen desigualdades en la cobertura. Por ejemplo, no todos tienen como obligación la cobertura del PMO, porque cada provincia tiene su propia ley de cobertura médica. En este caso, el gran objetivo es traer a la población del subsistema de salud al sistema de salud nacional”.

Otra de las políticas generales de la Superintendencia es la acumulación del excedente en el Fondo Solidario de Redistribución, integrado por los aportes de quienes integran la seguridad social. Estos fondos, que son delegados al Estado nacional, no forman parte del presupuesto y se sigue acumulando.

El Dr. Bustos explicó que una parte del mismo es utilizado para hacer frente a los gastos de la Superintendencia, otra parte, para el financiamiento de programas especiales y al pago de alta complejidad. Lo que se dirime actualmente es un problema político del uso del excedente del fondo, que actualmente es de cinco mil millones de pesos, dinero que le pertenece a la seguridad social. Según manifesto Bustos, actualmente son pocas las obras sociales en crisis financieras, y hay un proyecto que por decreto del Ejecutivo se destinarán mil millones para asignar recursos en pos de mejoras para la calidad de servicios y de equipamientos para algunas obras sociales. “En este sentido, tenemos que implementar métodos claros y transparentes para la distribución de estos fondos”, explicó el Dr. Bustos. Otro de los temas abordados en el encuentro es la Ley de Empresas de Medicina Prepaga, que hoy tiene 23 proyectos diferentes. “Entre los legisladores existe una gran confusión entre lo que son las empresas de medicina prepaga y la Seguridad Social”, sostuvo Bustos, quien además explicó que debería tratarse de una ley con pocos artículos que estableciera la definición de medicina prepaga y su autoridad de contralor. “El objetivo es fijar un status legal para luego acomodarlo con el tiempo”, explicó y agregó: “Si se tiende a la unificación del sistema, también hay que unificar la autoridad de contralor”.

Tampoco fue ajeno al desayuno de trabajo el tema de la judicialización de la práctica médica, y en este sentido, el Dr. Bustos sostuvo que desde la Superintendencia se hicieron varios intentos que cayeron
en el fracaso. “En este tema, el papel de los jueces es fundamental, pero sucede que en la justicia no hay renovación de funciones, y son siempre los mismos jueces los que aplican amparos y medidas cautelares en contra de los médicos”.

Existe una resolución (la 075/98) de reclamos administrativos previos, para evitar llegar a la justicia. Hoy sólo el seis por ciento de los reclamos termina en acciones posteriores judiciales, Y a pesar de que existe una instancia voluntaria muchos prefieren ir a la justicia.

En este sentido, hay un proyecto de ley que esta instancia administrative sea obligatoria. El punto más álgido del encuentro fue cuando se trató el tema del gerenciamiento de las obras sociales y el papel de la Superintendencia de Servicios de Salud en este tema. “Tenemos que hacer auditorías trimestrales”, explicó el Dr. Bustos, aunque enfatizó que la verdadera solución para las obras sociales que están en quiebra es más control. “Actualmente tenemos tres mil obras sociales, y solo podemos hacer un seguimiento de las que están en crisis”, sostuvo Bustos. “Las gerenciadoras creen que la salud es un buen negocio, y salieron a manejar obras sociales. Queremos volver a los médicos”, enfatizó finalmente el Dr. Bustos y señaló: “Esta es una buena noticia”.