En los últimos días la opinión
pública fue conmovida por el asesinato
de una niña de 2 años en el
Partido de Almirante Brown, atribuida a
los hermanos de 7 y 9 años.
Este hecho puso de manifiesto que el problema
de los menores en riesgo es uno de los mayores
desafíos de las autoridades provinciales.
Se considera que en la provincia hay un
millón de niños y adolescentes
en alto de riesgo debido a la extrema pobreza
y representan el 40% del total.
El crimen de la nena dejó al descubierto
una verdad: la falta de asistencia social
del estado bonaerense y la ausencia de una
política integral para resolver el
problema.
La organización Mundial de la Salud
calcula que hay 53.000 niños asesinados
por año y que 150 millones de chicas
y 73 millones de chicos menores de 18 años
sufrieron violencia sexual también
por año.
Qué ejemplo podían tener esas
presuntos precoces asesinos si sus madres,
tiene 16 ó 18 años, ya tienen
más hijos, no los cuidan ni los contienen,
sufren agresiones físicas y a veces
los mandan a mendigar para tener dinero
para comprar paco.
Es indiscutible que esos niños crecieron
en un contexto de extrema violencia y sadismo
que los llevan a repetir hechos que les
generan angustia.
Seguramente estos chicos entendían
lo que estaban haciendo pero fundamentalmente
necesitan contención, al igual que
los padres pues estos también en
cierta forma son víctimas: ellos
necesitan ser contenidos para poder contener
a sus hijos.
Aquí es donde debe intervenir el
estado provincial ya que estos temas tal
vez excedan el ámbito municipal.
El estado debe darles educación,
becas, trabajo.
Los chicos deben estar en la escuela o con
sus familias combatiendo la pobreza y la
desigualdad, que generan violencia y crimen.
La OMS plantea recomendaciones para paliar
el problema de la violencia y marginalidad
de los niños, que son entre otros:
- Fortalecer los compromisos y medidas nacionales
y provinciales.
- Prohibir toda la violencia contra los
niños.
- Priorizar la prevención.
- Promover valores no violentos y combatir
las drogas.
- Aumentar la cantidad de gente que trabaja
con los niños
- Proporcionar servicios de recuperación
y reinserción social.
- Crear sistema de denuncias adecuado para
los niños y garantizar la participación
de ellos.
- Luchar contra la corrupción en
los sistemas de prevención.
El estado debe encabezar esta lucha para
rescatar del crimen y la violencia a nuevas
generaciones de chicos y adolescentes.
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