Toda la ciudadanía contempla con inquietud el grave problema que todos los años en el mes de marzo se produce en las tratativas para los acuerdos salariales en el sector público, fundamentalmente con los docentes de la Provincia de Buenos Aires.

Este año los conflictos han llegado a un nivel de violencia que no condice con el nivel intelectual de los protagonistas y que no era esperado.

Es claro que el retraso de los sueldos y las limitaciones presupuestarias que invoca el gobierno hacen difícil llegar a un acuerdo. Pero también ha faltado flexibilidad en las dos partes de la negociación.

El gobierno estima que ofreció el máximo de sus posibilidades y el frente gremial no cede, tensionado tal vez por luchas internas en sus propias entidades gremiales que buscan más espacios de poder.

Los que asumen la responsabilidad de negociar tienen que hacerlo, pues para ello han sido elegidos, ya sea el gobierno o los dirigentes gremiales.

En el medio de este tiroteo surge la injusticia de que más de tres millones de chicos son rehenes de un conflicto que no debería haberse producido. En el sector sanitario, los más perjudicados son los pacientes, pues el justo reclamo de los profesionales de la salud, al llevarlos al paro, resienten la atención en los hospitales de los más desprotegidos. Hay que plantearse la solución del conflicto salarial por medio de una adecuada y cuidadosa ponderación de los derechos e intereses en juego, evitándose todo abuso de los derechos de cada uno para lograr una solución justa. Esto tanto vale para el derecho a la educación de los chicos en el caso de los docentes como el derecho a la salud de la población en el caso de los médicos. El Estado tiene la obligación y el deber de garantizar estos derechos, sin que ello implique desconocer el derecho constitucional de reclamar una justa retribución a las entidades gremiales.

Pongamos todos el empeño necesario para resolver los conflictos en un ámbito de paz y sin violencia.