El recurso humano profesional en el sector público de la salud es el pilar donde se deberían sustentar todos los programas que tiendan a mejorar la atención de la población en general y especialmente de la más careciente.

Así lo han reconocido las autoridades sanitarias de la provincia en los considerandos del decreto llamado de desgaste laboral, donde se hace hincapié en la presencia de riesgos psicosociales con la progresiva pérdida de capacidades y habilidades de los profesionales por el agotamiento prematuro al que lo lleva sus tareas.

Debemos reconocer que el Ministerio de Salud en los hospitales provinciales ha aumentado el número de profesionales en los últimos años, llamando a concurso de cargos y funciones como marca la ley de Carrera Hospitalaria 10471, y aumentando también la cantidad de personal no profesional.
Pero lamentablemente debemos hacer notar que en muchos hospitales y centros de atención primaria que dependen de los municipios esto no se lleva a cabo.
Estos municipios, estén o no adheridos a la Ley 10471 o con ordenanzas de carrera médica propias, no llaman a concursos de cargos y funciones en tiempo y forma.

Las funciones se cubren con nombramientos por amistades o intereses y aun cumpliendo funciones que no están en el organigrama del hospital.
Los cargos se cubren con los ya famosos P.T.M. (Personal Transitorio Mensualizado) que cumplen horarios sin control y sin sentido de pertenencia a un Servicio o al Hospital, cobrando remuneraciones muy importantes especialmente en algunas funciones.

Sabemos que en algunos casos hay especialidades críticas en que por el escaso sueldo no se llegan a cubrir las vacantes, por lo que se deberían homologar los sueldos de los médicos municipales a los de provincia y aun mejorar a estos elevando su nivel.

Hay muchos municipios del conurbano y del interior de la provincia donde se registran estas anomalías, siendo indistinto el color político del Intendente que gobierna. Y lamentablemente muchos médicos se prestan a esto por cobrar un sueldo más alto sin pensar en su carrera profesional ni en los aportes previsionales que está dejando de realizar.

Es tiempo de que las autoridades provinciales se preocupen del problema y se obligue al cumplimiento de las leyes u ordenanzas en cada municipio para solucionar esta manifiesta injusticia.