Al reflexionar sobre las malas condiciones en que viven millones de habitantes en nuestro país sin acceso a agua potable, cloacas, energía eléctrica y en ambientes malsanos no nos puede asombrar el bajo nivel sanitario que tienen esos ciudadanos condenados desde hace largos años a vivir en asentamientos precarios y villas miseria.

Es mucho lo que se habla sobre la deuda social que el Estado en primer lugar debe reconocer y es poco lo que se ha hecho para solucionar el problema.

El porcentaje de pobres e indigentes ha crecido a pesar de los vanos intentos por ocultarlo con estadísticas amañadas y comparaciones falsas con otros países.

Todo mejoramiento en la salud de las personas debe comenzar por mejorar las condiciones de vida del hombre y la mujer, proporcionándole un trabajo digno y en un ámbito seguro y adecuado. De esa manera podrá ofrecerle a su familia y a sus hijos un lugar donde crecer y vivir sanamente.

Debemos remarcar que es tan pobre alguien que no logra cubrir sus necesidades básicas con su salario como aquella persona que no tiene acceso al agua potable, cloacas, energía eléctrica, salud, educación y seguridad, pues carecer de tales derechos es sinónimo de exclusión social.

Ya vimos que el populismo no mejoró los índices de pobreza y nos debemos preguntar cuánta pobreza y exclusión es capaz de soportar la democracia en que vivimos sin perder su sentido y esencia.

Los millones de habitantes en nuestro país que viven en condiciones precarias (ver pág 6) son un desafío permanente a la clase dirigente, que no cesará hasta que disminuyan sensiblemente los índices de pobreza, y al mejorar el nivel de vida, hará también que el estado sanitario de esas personas sea el que se merecen.
Pero mientras tanto, en la coyuntura, volquemos todos los recursos disponibles al sector público en hospitales y centros de salud, para tenerlos siempre atentos y vigilantes para responder a las demandas de los más necesitados.