La sociedad se vio conmovida al conocerse el escándalo de las vacunaciones contra la Covid-19 proporcionada a funcionarios y amigos del poder sin respetar los parámetros establecidos para determinar la prioridad en el proceso de vacunación.

Es larga la lista de los que fueron vacunados salteando la lista de espera de los trabajadores de la salud y las personas de riesgo por edad o por enfermedades concurrentes que deberían ser los primeros inmunizados.
Y esto sucedió no sólo por parte de las autoridades nacionales, sino que abarcó a provincias y municipios de todo el país, y perjudicó todo lo que se había hecho bien para contener a la pandemia en el sistema sanitario público y privado.

La nómina de todos estos llamados amigos del poder o acomodados provoca y aumenta la indignación de toda la sociedad.

Tal vez no sea un delito penal, pero sí es un delito moral.

Las disculpas o excusas para justificar lo sucedido no atenúan la responsabilidad de los que recurrieron a medios espurios para vacunarse y de aquellos que lo facilitaron y permitieron.

No es culpa o sólo responsabilidad de un gobierno, sino de una forma de pensar y actuar de una clase política y de poder para la cual no existen límites éticos y morales, tal vez porque el pueblo no se los exige como debería.

Nos negamos a pensar que la decadencia moral de nuestra sociedad haya tocado fondo y nada importe. Esta vez la corrupción no pasó solamente por el dinero, sino que puso en peligro la salud y la vida de la población más indefensa.

El gobierno nacional debe garantizar en todo el territorio que el Plan Estratégico de Vacunación se realice en forma transparente, igualitario y respetando estrictamente las prioridades establecidas. Hay millones de argentinos que así lo esperan.