Respecto al total de demandas, solo fueron rechazados por los jueces 11 amparos, apenas el 0,4% de las presentaciones iniciadas. El resto de los casos culminaron con fallos que determinaron que obras sociales y prepagas debían asegurar la cobertura de los servicios médicos reclamados, que representaron importantes erogaciones para las cuentas de esas prestadoras. Según estiman entre empresas de medicina privada y obras sociales, los amparos representan cerca del 15% de sus costos totales, una proporción en ascenso por el incremento de las demandas en la Justicia.
Durante los primeros 10 meses de este año la cantidad de amparos registró una suba de 30,5% respecto de los 2146 amparos presentados en 2016 y un incremento de 52% si se compara con los 1853 iniciados en 2015.
La propuesta de creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías -AGNET- apunta a dar una respuesta a esa problemática y tendrá, entre otras, la función de analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria y funcionará como órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria. Sus decisiones, en ese sentido, serán resueltas por mayoría simple de sus 5 miembros y tendrán carácter vinculante para todos los organismos del Estado nacional y provincial y los jueces que deben resolver los amparos.