| Con la firma del ministro de Salud Daniel Gollan y de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, la provincia de Buenos Aires adoptó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, con las actualizaciones incorporadas por la cartera sanitaria nacional el pasado 12 de diciembre. |
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“Estamos poniendo en marcha algo que tendría que ser una naturalidad, estamos hablando de aquello que en Argentina es legal, pero consideramos que a partir de contar con esta herramienta habrá gente de los equipos de salud que va a empezar a perder el miedo y a participar del acceso a este derecho de forma rutinaria” señaló Gollán.
Por su parte, Díaz detalló que servirá a los equipos de salud para guiar los procedimientos en interrupciones legales del embarazo contempladas por el Código Penal en su artículo 86 incisos 1 y 2. |
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| “Estamos hablando de una legislación del año 1921, centenaria, y se establece qué procedimientos realizar para cuando el aborto produce un problema para la salud y la vida de la mujer, o en los casos en que el embarazo es producto de una violación”, sostuvo. Los ministros explicaron que esta guía toma las últimas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización
Panamericana de la Salud para que el procedimiento quede más claro, haya menos intermediarios y genere mayor accesibilidad. |
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| El documento es una herramienta técnica que detalla los derechos de las personas y responsabilidades del sistema de salud ante estos casos; además incluye el abordaje que debe llevar a cabo el equipo de salud, una descripción del procedimiento para realizar la interrupción del embarazo y la anticoncepción post interrupción del embarazo. |
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| Desde el punto de vista clínico, la edición 2019 del protocolo incorpora las recomen- daciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo –dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)– y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos. |
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| Según el Ministerio de Salud de la Nación, el protocolo tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino. Se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales. Su implementación responde a una política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva que busca “garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más lo necesitan”. |
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| El titular de la cartera sanitaria nacional, Ginés González García, explicó “Esta actualización tiene dos razones centrales, una es introducir las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país, claramente en el Código Civil y Comercial de 2015 donde se incorporaron derechos que no estaban incluidos en el protocolo de 2015 y por otro lado porque la evolución del conocimiento hace que se modifiquen las cuestiones científicas como por ejemplo la medicación que se utiliza para estas prácticas de acuerdo a cánones internacionales”. El ministro enfatizó que “lo que pretendemos es que el protocolo sea lo que es, una guía como hoy se utiliza en la medicina moderna para tratar cualquier tipo de patología, y mucho más alguna que está muy protegida por la ley, como es en este caso de la interrupción legal del embarazo” |
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