Entrevista Eugenio Zanarini Superintendente de Servicios de Salud “Tenemos que retomar el eje de la fiscalización de las prestaciones” En diálogo con Femecon Informa, el Superintendente de Servicios de Salud habla de la sustentabilidad del sistema y el desfinanciamiento de las obras sociales. Además, adelanta de qué se trata la Canasta Básica Universal que reemplazará al PMO y advierte sobre la necesidad de volver a poner el eje en el beneficiario.     ¿Cuál es su diagnóstico sobre el sistema de la seguridad social hoy? No es distinto a lo que viene pasando en los últimos años. Nuestro sistema sigue siendo contributivo, depende de aportes y contribuciones sobre el salario de los trabajadores. Es un sistema que nació en Alemania hace 138 años y por la caída del salario real, la pérdida del trabajo formal y el aumento creciente del costo de la medicina, entre otros aspectos, ya no es un sistema confiable para pagar salud. Casi todos los países del mundo lo han reforzado o complementado con rentas generales. Nuestro sistema está en crisis, y el problema es estructural, no es una sola causa. En la actividad de salud, la tecnología no reduce costos, sino que expande el gasto. ¿Dónde cree que está la solución? Las soluciones no son fáciles, el momento de nuestro sistema económico financiero general macro no es el mejor. ANMAT, por ejemplo acaba de aprobar un medicamento costo efectivo muy bueno que vale más de dos millones de dólares el tratamiento. Pero es casi imposible que pueda sostenerlo la seguridad social .Tenemos que encontrar la forma de que el Tesoro Nacional se haga cargo de ciertos gastos que hoy están en las obras sociales o en el Fondo Solidario de Redistribución. Una solución puede ser crear un fondo nacional de medicamentos o un fondo nacional para la discapacidad. Por otro lado tenemos que ser conscientes de que hay un exceso de obras sociales, hoy son 290 y hay en el registro casi 700 prepagas. Estamos haciendo análisis. Pensamos en convenios de cooperación de obras sociales, buscar la manera de maximizar la gestión, que es uno de los programas que tiene el sector. ¿Se puede ser más eficiente en la gestión? Estamos en el camino de buscar la mayor posibilidad de ser eficientes a la hora de manejar los recursos desde la gestión. El sistema sigue siendo viable y ha tenido una respuesta genial en la pandemia, esperamos que la siga teniendo. Desde las obras sociales, la medicina privada y el sector público, donde se ha puesto mucho dinero. En el sector privado el Estado ha acompañado con el bono salud para los trabajadores y con la ATP. Uno tiene que esperar que en esta segunda ola o rebrote el sistema siga funcionando. Pero también es cierto que uno de los motivos por los que funciona es porque se ha trasladado mucho al bolsillo de la gente. Se viene hablando de la integración del sistema de salud. ¿Cuál es su opinión? Argentina tiene un sistema muy complejo desde su estrucura, y no es fácil integrar todos los sistemas. Por supuesto que para cualquier sanitarista, desde el punto de vista técnico teórico sería lo ideal, pero en la práctica es casi imposible que pase. Los mejores ejemplos que tenemos de sistemas únicos e integrados como pueden ser los de España o Inglaterra, en la primera ola de la pandemia la pasaron muy mal. En Argentina hubo jurisdicciones con el sistema más estresado, pero ninguno colapsó. ¿Cuáles son las alternativas? Para empezar, estamos evaluando la utilización del hospital público como prestador, que hoy es un prestador por default de la seguridad social. Hay muchos lugares del país donde la oferta pública supera con creces en calidad y tecnología a la oferta privada. No es la realidad capaz de los que vivimos en el AMBA, pero sí en el interior del país. Y por eso queremos que se incorporen como prestadores directos y cobren como tienen que cobrar. Para nosotros ese es el camino de la integración de los sistemas, a través de los prestadores, a través de una canasta que reemplaza al Programa Médico Obligatorio (PMO). ¿Y en qué consiste? El PMO es una sigla inventada para poner todo lo que se les ocurra en las prepagas y obras sociales. Todo lo que se legisla en Argentina sobre salud, es para los que tienen obra social o prepagas. Yo quiero reemplazar el PMO por una Canasta Básica Universal que sea aprobada por Ley y que esté priorizada, tenga mecanismos de incorporación establecidos legalmente de nuevas tecnologías, prácticas y medicamentos. Y que se prohíba a futuro la legislación por enfermedad. Que sea universal, para todos los argentinos. Que las jurisdicciones nacionales y provinciales tengan la obligación de cumplirla. Si no estamos ante un hecho inaudito: que el Estado legisle para un 30-40% de la población. Las obras sociales provinciales no tienen obligación de cubrir el PMO. Un Estado no puede legislar para unos pocos, y no atender la necesidad de todos. A esta canasta universal de prestaciones la estamos trabajando con el ministerio de Salud y para nosotros es un factor importantísimo. ¿Qué cree que pone en peligro la sustentabilidad del sistema? Vengo batallando contra un gasto que me parece injusto y discriminatorio, que es el gasto de educación en la discapacidad. Que la educación sea pagada por empresas de medicina prepaga o por las obras sociales quiere decir que el discapacitado es un enfermo y esto es inaceptable desde todo punto de vista. Al resto de los argentinos, Rentas Generales les paga la educación hasta la universidad. Este tema tiene que seguir en discusión, desde el punto de vista del gasto y desde lo que significa para una entidad de salud, que está para brindar servicios médicos asistenciales. Hoy brindar educación representa un gasto importante, sale del Fondo Solidario de Redistribución y representa el 50 por ciento del gasto en discapacidad. ¿Qué pasa con los medicamentos de alto costo? Representan otro gasto importante. Es imposible que una obra social o una prepaga pueda pagar algunos con valores altísimos. Demuestran que la cobertura y el acceso universal no son tales porque para acceder a estos medicamentos, se termina resolviendo en la Justicia. Son también parte del desfinanciamiento del sistema. Hay tratamientos que superan la recaudación de una obra social y ponen en riesgo la cobertura de las prestaciones del resto de los beneficiarios. ¿La puesta en marcha de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías podría poner un límite? Hay medicamentos de alto costo que son efectivos y se terminarán aprobando. Lo que queda por evaluar es la oportunidad de financiamiento y la posibilidad de financiarlo. La salida es que el Estado se haga cargo. Porque hablamos siempre de la seguridad social, que son los cinco millones de titulares que tienen trabajo, y los dieciséis millones de beneficiarios que tiene el sistema. ¿Y el resto? Tenemos que buscar un sistema que sea universal y accesible a todos independientemente que tengan prepaga, obra social o cobertura pública. La única solución es pensar en un Fondo Nacional de Medicamentos, que tenga presupuesto nacional y contemple las medicaciones de altísimo costo como el Spinraza. ¿Cuánto influyen los monotributistas en el desfinanciamiento del sector? Hay en el sistema aproximadamente un millón y medio de monotributistas. Y hay unos 500 mil monotributistas sociales repartidos en las obras sociales. El monotributista estaba pagando hasta diciembre 1040 pesos por salud, una cuota totalmente injusta y la misma para todas las categorías. No hay progresividad de acuerdo a los ingresos, es una cuota fija, paga poco pero lo cierto es que también le dan poco. La cartilla de un beneficiario de obra social no es la misma que la de un monotributista. Las dos cumplen con el PMO pero las prestaciones son muy distintas. Nuestro sistema de obras sociales que estaba montado sobre trabajadores en relación de dependencia, con el objetivo de achicar la economía informal creó el monotributo, pero no soluciona el problema. Hoy la economía informal sigue siendo superior al 40 por ciento. Y muchos pagan el monotributo para tener obra social. El 80 por ciento de los monotributistas están en la categoría A y B. Así se pierde también la solidaridad del sistema que se sostiene con el aporte de los que más ganan y con los aportes de los que están sanos para sostener a los que se enferman. ¿Están trabajando para revertir esto? Sí, estamos trabajando en dos sentidos: uno complejo, que implica modificar la ley de monotributo para que exista progresividad en la escala. Y para que el monotributista tenga obligación de entrar al sistema con el grupo familiar y si no lo hace, luego no lo pueda incorporar. Lo otro que estamos viendo es la posibilidad de llevar el valor del monotributo al valor del PMO. Porque hoy hay un subsidio encubierto de los trabajadores en relación de dependencia a los trabajadores monotributistas. Y esto está deteriorando el sistema. Además de gestionar con eficiencia, ¿cuál es su objetivo al frente de la entidad? Poner a la Superintendencia en el lugar que le corresponde. No somos una secretaría de finanzas que lo único que hace es repartir plata. Tenemos que retomar el eje de la fiscalización pero no de normas contables, sino de prestaciones. Somos una Superintendencia en Servicios de Salud, no de servicios financieros ni contables. Lo importante son los beneficiarios pero hoy toda la estructura está montada para controlar formalidades. Evidentemente la pandemia nos retrasó mucho, estamos casi sin personal desde marzo del año pasado, pero estamos obligados a hacerlo, poner como eje de toda la acción en el beneficiario. Otra cosa que tenemos que arreglar es la relación financiadores-prestadores, que está muy deteriorada en el sentido de que si uno mira los aumentos que han tenido y el crecimiento de las prestaciones, hay diferencias enormes que no se sustancian. La solución siempre es el bolsillo del beneficiario. ¿Qué avances han logrado en este tiempo y qué queda por delante? Hemos modificado el mecanismo de opción de cambio, un mecanismo tortuoso y totalmente fraudulento. Con muchas denuncias de gente que se había cambiado de obra social sin haber sido consultadas. Ahora la opción de cambio la tiene que hacer el titular a través de la página de la AFIP con su clave fiscal. Este será un año de mucho avance en los proyectos de cambio. La canasta básica, que es un proyecto que comenzamos apenas iniciamos la gestión, pensamos que estará lista para junio de 2022. Implica revisar el PMO, protocolizar, poner guía de atención. Hay que categorizar clínicas y sanatorios, porque no todos son iguales, es un trabajo muy arduo, pero es meterse en el tema prestacional, y como lo sostengo, es para lo que funciona esta institución.     Por María José Ralli