Actualización del PMO El jueves 30 de noviembre se presentaron los resultados de la investigación que permite estimar el gasto necesario para garantizar la cobertura asistencial contenida en el Programa Médico Obligatorio -PMO-, a julio del 2023.     El estudio, que estuvo a cargo de Prosanity Consulting y el Instituto IPEGSA, se presentó en la facultad de Medicina de la Universidad del Salvador y tuvo como objetivos actualizar el gasto necesario para garantizar la cobertura del PMO y evaluar la capacidad de financiamiento que tienen los agentes obligados a brindarle a sus afiliados. La investigación se llevó a cabo con una muestra representativa de más de 20 obras sociales, entidades prestadoras y cámaras de diagnóstico, con una población activa de 0 a 65 años y con tasas de uso y precios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, y no incluyó gastos centrales de administración de los financiadores. Según explicó Rubén Roldán, de Prosanity, con relación a la tasa de uso y teniendo en cuenta su dispersión, tuvieron en cuenta las variables que la modifican, como los cambios en los procedimientos, las modificaciones epidemiológicas de incidencia y prevalencia de enfermedades, la incorporación de nuevas tecnologías y el reemplazo de otras, las nuevas guías de prácticas clínicas de diagnóstico y tratamiento basadas en la evidencia y los protocolos institucionales actualizados. “El desafío es a qué valor costear cada prestación”, sostuvo Roldán y para llegar al número que refleja el gasto para garantizar la cobertura, se tomaron en cuenta los precios pagados a los prestadores por parte de los financiadores, y se analizaron los precios promedio de mercado, sus tendencias y posibles variaciones. Así, el valor promedio del PMO financiado por las OSN es de $11.939, la recaudación promedio per cápita de las OSN es de $10.179 y el valor promedio recaudado con subsidios y reintegros es de $12.504, a julio de 2023.     “La inflación atraviesa todo y es un problema a la hora de estimar los gastos”, señaló Roldán y advirtió sobre la ausencia de un nomenclador de precios. “En el sector salud la libertad de precios es relativa porque el que consume no modifica la oferta y la demanda, debe haber un parámetro que en este momento no existe”, dijo y añadió que “el único es nomenclador nacional, aggiornado con el PMO”. Además, identificó que existen desvíos de costos por encima de lo establecido por el sistema que se traslada al paciente, por sobre lo reglamentado. “Lo que se tiene que resolver entre el prestador y el financiador, lo termina pagando el afiliado”, recalcó. En cuanto a medicamentos, Roldán precisó que la incidencia en cada uno de los subprogramas -preventivo, ambulatorio, internación y prestaciones especiales- representa un total del 48 por ciento del total en el costo del PMO.       Rediscutir políticas “Sueño con que dejemos de hacer esto y que lo haga quien lo tiene que hacer, que no somos nosotros, que estamos supliendo una falencia” señaló Rubén Torres, director de IPEGSA, en relación al estudio realizado. Además, llamó a “rediscutir las políticas”: “en el campo de la seguridad social, más allá del cambio profundo que necesita el sistema, hay algunas cosas con fundamentados argumentos en los números para empezar a discutirse”, señaló y se refirió al impacto de la discapacidad en el sector de la salud, que “terminó con la lógica del Fondo Solidario de Redistribución, con prestaciones que no son estrictamente de salud, sino de transporte y de educación”. “Hay que decidir si esto tiene que salir de un fondo previsto específicamente para salud”, advirtió y convocó a revisar la lógica del FSR, “en especial en tema subsidios, para que vuelva a ser solidario y redistributivo”.