Con el Decreto 379/2025, el Gobierno nacional creó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), un mecanismo que busca ofrecer una vía ágil y voluntaria para resolver conflictos en materia sanitaria sin llegar a instancia judicial. La iniciativa, impulsada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), apunta a reducir la creciente judicialización del sistema y a garantizar una respuesta rápida para los pacientes y financiadores.
Conversamos con Juan Carlos Pierre Ganchegui, gerente de Asuntos Jurídicos de la SSSalud y uno de los impulsores del programa, sobre los primeros resultados, la formación de mediadores especializados, la articulación con las provincias y la proyección internacional del PROMESA. |
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¿Qué impacto esperan que tenga el PROMESA en la reducción de la judicialización y en la mejora del acceso a las prestaciones?
El impacto que esperamos es muy alentador. Según los informes preliminares que tenemos, ya se iniciaron más de 75 mediaciones desde que comenzó a funcionar, a fines de agosto. Y los resultados están siendo muy positivos, no solo en términos de reducción de juicios, sino también en acceso efectivo a la salud.
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| Un caso que ilustra muy bien el alcance del PROMESA fue el de una persona que perdió su cobertura por pasar de relación de dependencia a monotributo, y cuyo hijo tenía una discapacidad importante. En apenas cuatro días de mediación se resolvió la situación, se restableció la práctica médica y se garantizó la continuidad del tratamiento, sin interrupciones. Si ese conflicto hubiera ido a la justicia, habría demorado semanas o meses. |
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| PROMESA permite resolver rápido, con menor costo, sin multas y sin los tiempos judiciales que muchas veces terminan agravando los problemas de salud de los pacientes. Es una herramienta que beneficia a todos: al afiliado, al financiador y al sistema en su conjunto. |
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¿Qué aspectos considera más innovadores de este nuevo mecanismo?
El gran cambio es cultural. PROMESA instala una nueva lógica: pasar del litigio al diálogo y en lugar de una sentencia, hay una construcción de acuerdos. Es un espacio donde se pueden debatir aspectos técnicos, científicos o éticos, algo que en un juicio no tiene cabida. |
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| La acción de amparo es binaria: el juez solo puede hacer lugar o rechazar. En PROMESA, en cambio, las partes dialogan con la ayuda de un mediador, que puede convocar expertos, revisar evidencia y buscar una solución concreta, adaptada a cada caso. |
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| Además, el proceso es confidencial y gratuito. Se desarrolla en un entorno de confianza, sin necesidad de abogados -aunque pueden participar si las partes lo desean-, y siempre bajo la supervisión de la Superintendencia. |
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¿Cómo se eligen y capacitan los mediadores que intervienen en el programa?
Junto con los ministerios de Salud y de Justicia, dictamos una resolución complementaria al Decreto 379/2025, que establece los requisitos y la capacitación obligatoria. Se convocó a mediadores registrados en la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, y se diseñó una formación específica en mediación sanitaria. |
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| De más de mil inscriptos, 434 mediadores aprobaron la capacitación, que incluyó contenidos sobre derecho a la salud, funcionamiento del sistema sanitario, análisis de conflictos frecuentes y herramientas de mediación adaptadas a este campo. La respuesta fue excelente y muchos mediadores con larga trayectoria valoraron la actualización que representa este nuevo ámbito. |
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| Es la primera vez que se crea un registro de mediadores especializados en salud, lo que le da al PROMESA una base profesional sólida. |
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¿PROMESA reemplaza o condiciona la vía judicial?
No, PROMESA no es un requisito previo al juicio, sino una alternativa voluntaria. El ciudadano puede optar por esta vía antes de judicializar el conflicto y si no se alcanza un acuerdo, puede iniciar la acción judicial sin inconvenientes.
Las entidades que pueden ser citadas son las obras sociales de la Ley 23.660 y las empresas de medicina prepaga, y ya adhirieron organismos como PAMI y el Instituto de las Fuerzas Armadas (IOSFA). En el caso de PAMI, con más de cinco millones de afiliados, la posibilidad de resolver conflictos en pocos días representa un avance enorme.
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¿Qué rol tendrán las provincias y cómo se coordinará su aplicación en todo el país?
El Decreto 379 invita a las provincias a replicar el modelo. No se trata de una adhesión formal, sino de fomentar que cada jurisdicción implemente mecanismos similares. Si un afiliado, una obra social y un efector están en una misma provincia, es lógico que el procedimiento pueda resolverse localmente. |
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| La idea es que PROMESA sirva como modelo federal, adaptable, con los mismos principios: voluntariedad, celeridad, confidencialidad y acompañamiento técnico. La Superintendencia ofrece asesoramiento a las provincias interesadas en implementarlo. |
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¿Qué beneficios concretos pueden esperar los médicos, las obras sociales y los financiadores?
En primer lugar, PROMESA reduce los costos judiciales y administrativos. Una mediación exitosa evita multas, intereses y costas procesales. Pero además, promueve mayor claridad en los reclamos: muchas veces los conflictos se originan por falta de comunicación o interpretación distinta de la normativa. |
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Para los profesionales, significa menos incertidumbre y más previsibilidad. Y para los financiadores, un sistema de resolución ágil que evita llegar a un punto de ruptura en la relación con el afiliado.
En definitiva, es una herramienta que mejora la gestión del sistema y ayuda a fortalecer las coberturas y queremos que se convierta en una política pública más allá de los gobiernos. |
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Usted mencionó la importancia de incorporar evidencia técnica en las decisiones. ¿Cómo se vinculará PROMESA con la futura Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias?
Ese vínculo será central. Hoy, en el ámbito judicial, cuando se discuten prestaciones de salud, muchas veces no hay especialistas ni evidencia científica sólida. El juez decide con lo que tiene, y eso puede generar distorsiones. |
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| La futura Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias va a poder brindar informes técnicos objetivos sobre la eficacia, la seguridad y la relación costo-beneficio de determinados tratamientos o medicamentos. Esos dictámenes podrán ser tenidos en cuenta dentro de PROMESA, aportando un componente científico y técnico que hoy está ausente en muchos conflictos. Esto permitirá que las decisiones se basen en evidencia y criterios de equidad. |
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¿Hay otros países interesados en replicar este modelo?
Sí. PROMESA ya está despertando interés internacional. Recibimos consultas de República Dominicana, Puerto Rico y México. También lo presentaré próximamente en la Universidad de Santiago de Chile, en Roma, en el Instituto Agustiniano con participación del Vaticano, y en Río de Janeiro. |
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| Hay mucha atención en América Latina y el Caribe sobre cómo abordamos los conflictos en salud desde un enfoque colaborativo, sin judicialización y con respaldo institucional. |
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| Estoy convencido de que PROMESA puede convertirse en un modelo regional para la resolución alternativa de conflictos sanitarios. |
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Trayectoria profesional
Pierre Ganchegui es gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud desde diciembre de 2023. Abogado, ingresó al Ministerio de Salud de la Nación en 1984, convocado por el ministro Aldo Neri, y desarrolló allí una extensa carrera: fue jefe y director de Asuntos Judiciales, director de Asuntos Legales y director de Asuntos Jurídicos.
Con casi cuatro décadas de experiencia en derecho sanitario, lidera el diseño jurídico del PROMESA, con el objetivo de reducir la judicialización, promover soluciones basadas en diálogo y consolidar una cultura de responsabilidad compartida en el sistema de salud argentino. |
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| Por María José Ralli |
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