Hace unos pocos días el Gobierno Nacional lanzó mediante un decreto de necesidad y urgencia este plan de cobertura.

La finalidad según dice su texto, es asegurar el acceso a toda la población a servicios médicos de calidad integrados y basados en la atención primaria de la salud.

Está dirigido primordialmente a un universo de 15 millones de personas que se atienden en hospitales y centros de atención primaria y no tienen cobertura de obras sociales o prepagos.

Entre sus características figuran dar turnos por teléfono u online, digitalización de la historia clínica personal, seguimiento individualizado por un médico de cabecera y el equipamiento de los centros de salud primarios para que los pacientes no deban trasladarse lejos de sus domicilios.

En todos los casos la cobertura será gratuita o estará a cargo de la prepaga u obra social si el paciente la tuviere y se asista en un hospital público.

La instrumentación del sistema estaría aceptada por numerosos gremios y se financiaría con parte de los 30.000 millones de pesos que el Gobierno les devolvería y estaban retenidos en el Fondo de Redistribución Solidaria.

Las autoridades consideran que con este sistema, cada persona tendrá su credencial y su historia clínica digitalizada, y así se logrará un mayor y mejor acceso a más centros de salud y un efectivo seguimiento.

De esta manera el paciente no sólo tendrá acceso al sistema de salud sino también cobertura y continuación de su asistencia.

Este sistema no debe significar una retirada del Estado de sus funciones como rector del sistema de salud público ni el desfinanciamiento del mismo.

Seguimos pensando que la base de un sistema de salud fuerte, equitativo e igualitario se halla en el hospital público que debe ser fortalecido luego de décadas de cuasi abandono.

Además se deben mantener las prestaciones básicas y actualizar los nomencladores de las prácticas médicas. Este decreto se debería tratar en el Congreso para que pueda ser consensuado y convertido en ley y sería de esperar que todas las partes involucradas dialoguen para disipar dudas y que ningún interés ideológico, partidario o corporativo esté por encima del derecho de todos los argentinos sin ningún tipo de distinciones, a tener el debido acceso y cobertura a la mejor calidad de salud.