Así se llama la ley de emergencia votada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, que engloba emergencia económica, emergencia social, emergencia sanitaria, emergencia previsional, pero lo real es que afectará a la clase media, a la clase media baja y a la clase pasiva que no cobra la jubilación mínima, entre otros, para tratar de beneficiar al cuarenta por ciento de pobres que hay en el país.

Algunos regímenes jubilatorios como diplomáticos y ex funcionarios públicos y judiciales no se tocan, creando una situación de privilegio irritante para la gente común, y además vemos que el gasto político y burocrático del aparato estatal sigue creciendo. En el caso de la salud la emergencia sanitaria faculta al Ministro de Salud en varios ítems, a saber:
Control de la provisión en tiempo y forma de las vacunas obligatorias para evitar faltantes.
Monitorear precios de medicamentos permanentemente.
Garantizar provisión de insumos y medicamentos de alto consumo o para tratamientos crónicos u oncológicos.
Accesibilidad a las prestaciones médicas de sectores carenciados o de alta vulnerabilidad social. Suspender por 360 días el ingreso de nuevos tratamientos o medicamentos al PMO.

Es un conjunto de medidas, entre otras, que obligarán a agudizar el ingenio de las autoridades sanitarias, pues el presupuesto que será puesto a su disposición debería mejorar sustancialmente.

Además, la atención debe estar puesta primordialmente en optimizar la salud pública que utilizan las personas de la clase más desposeída, rehabilitando rápidamente la provisión de insumos y fundamentalmente mejorar los planteles básicos y las remuneraciones de los recursos humanos para así beneficiar las prestaciones a esa población.

Que el nuevo año sea de esperanza y de concreciones de esas esperanzas y que esta sea la última ley de emergencia que haya que votar en nuestro bendito país.