Debate en Diputados por la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Diputados, especialistas y representantes del sector salud coincidieron en la necesidad de crear la Agencia mediante una ley debatida en el Congreso. Destacaron su rol clave para garantizar transparencia, equidad y calidad en el acceso a tecnologías sanitarias.     En la Cámara de Diputados se llevó a cabo un debate sobre la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), instancia en la que se discutieron aspectos clave vinculados a la legitimidad de sus decisiones, la transparencia de los procesos y la gestión de conflictos. La Agencia, pensada como una herramienta para ordenar el sistema de salud, se presenta como un aporte valioso para todos sus actores. “Hemos concluido que la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias debe realizarse a través de una ley debatida en el Congreso y no mediante un DNU”, afirmó el presidente de la Comisión de Salud y Acción Social, Pablo Yedlin, tras una reunión informativa con más de una decena de representantes del sistema sanitario. El diputado destacó además que el documento firmado por los presentes contiene una serie de recomendaciones para la conformación de la Agencia, con el objetivo de consolidar un sistema de salud más justo, eficiente y orientado a las necesidades de la población. La reunión se enmarcó en el reciente anuncio del Ministerio de Salud, que anticipó la creación de la Agencia mediante un decreto de necesidad y urgencia. Frente a esa posibilidad, Yedlin recordó que ya existen cinco proyectos legislativos en curso y que el Congreso puede contribuir al proceso con propuestas concretas. Durante el encuentro se analizaron los proyectos presentados por los diputados Carlos Cisneros, Daniel Gollán, Mónica Fein y Martín Maquieyra, entre otros. En ese contexto, Gollán subrayó que su propuesta “no busca restringir derechos, sino garantizar el acceso a medicamentos”. Asimismo, advirtió que uno de los mayores obstáculos para el acceso está en los precios: “Tenemos pruebas suficientes de que las rentabilidades son desmedidas. Otros países han tomado medidas similares porque esta situación desfinancia a los sistemas de salud”. Martín Maquieyra (Pro), también autor de un proyecto, planteó que su iniciativa busca “ordenar un sistema sanitario profundamente desgastado”. Además, hizo hincapié en la necesidad de garantizar transparencia y competencia en la Agencia, proponiendo concursos públicos y un órgano consultivo que permita la participación de todo el sistema de salud. Desde el socialismo, Mónica Fein reclamó mayor información del Poder Ejecutivo sobre el eventual decreto y propuso consensuar una serie de principios que debería tener la Agencia. “No podemos limitarnos a discutir el financiamiento. Lo que está en juego es la equidad en el acceso a medicamentos”, remarcó. En la misma línea, la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) expresó su preocupación por el enfoque centrado en los recursos financieros. Reclamó una evaluación basada en evidencia científica y estándares internacionales, como condición para garantizar el acceso a la salud. La Comisión también escuchó a referentes del ámbito sanitario. David Aruachan, del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, planteó la necesidad de abrir el debate hacia una reforma sanitaria más amplia y consensuada, con la Agencia como punto de partida. Rubén Torres, del Instituto de Política, Economía y Gestión de Salud (IPEGSA), aclaró que el objetivo de la Agencia no es el financiamiento, sino asegurar la calidad de los productos que llegan a la población. En tanto, Andrés Pichón Riviere, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), destacó que la Agencia tomará decisiones difíciles y por eso es fundamental su legitimidad y transparencia, lo que refuerza la necesidad de que sea creada por ley. Desde la Asociación Médica Argentina, Miguel Galmés señaló que cualquier debate sobre la creación de la Agencia debe incluir desde el inicio la cuestión del financiamiento. Sostuvo además que la evaluación tecnológica es esencial para lograr equidad, pero debe estar en manos de profesionales idóneos. Por su parte, Marisa Aizenberg, directora del Observatorio Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, subrayó la importancia de contemplar las asimetrías legales y éticas, especialmente en relación al derecho al acceso a medicamentos esenciales. También vinculó la discusión con el aumento de la judicialización por fármacos de alto costo, muchas veces la única vía para que las personas puedan salvar su vida. Hugo Magonza, de la Unión Argentina de Salud (UAS), coincidió en que la Agencia es necesaria, pero debe integrarse dentro de un plan nacional de salud. A lo largo del encuentro también se escucharon aportes de representantes de organizaciones como ALAPA (Alianza Argentina de Pacientes), la Asociación Argentina de Medicina, ISALUD, la Obra Social de Obras Sanitarias (OOSS), FADEPOF, Unidos por el Cáncer, CAEME y CADIEM.